Martín Litwak, CEO de Untitled SLC y de Smart Structuring, detalla la importancia de conocer cómo es el manejo impositivo dentro del sector cripto
En «Paraísos fiscales e infiernos tributarios» (2020) mencionamos algunas tendencias tributarias modernas, entre ellas, los impuestos a las plataformas digitales, a las criptomonedas e incluso a los robots.
El año 2022 nos encuentra saliendo finalmente de una larga pandemia, pero en medio de una guerra y con inflación mundial récord, entre otras eventualidades.
Para colmo, el aumento de la voracidad fiscal no solo no se ha detenido, sino que – tal cual expondremos a continuación – ha aumentado y seguramente lo siga haciendo.
Impuesto a las plataformas digitales
Antiguamente, los Estados solían cobrar impuestos en base al concepto de «establecimiento permanente«, el cual implica cierta presencia física en el territorio de que se trate.
En la actualidad, con el aumento del comercio electrónico y la aparición nuevos mercados digitales que se generan a raíz del metaverso y las criptomonedas, los Estados buscan aumentar su voracidad incluso grabando plataformas digitales y esencialmente la tenencia de activos intangibles (como por ejemplo un NFT).
Esta tendencia a cobrar impuestos donde se genera la renta en lugar de donde reside la empresa que la genera despierta intereses contrapuestos, dado que los Estados desean que sus empresas paguen la mayor cantidad posible a nivel local y lo menos posible en los Estados en los cuales se general las ventas, descargas, etc. y sucede lo contrario con los Estados donde precisamente se dan aquellas.
Por nuestra parte, estamos en contra de este tipo de impuestos por las siguientes razones:
- Buscan gravar ingresos en lugar de gravar ganancias
- Materializan un proteccionismo impropio de la economía digital y la competencia
- Perjudica a los consumidores que verán trasladado al precio de los servicios dicho impuesto
Cada estado es libre de cobrar los impuestos que desee, y si el problema es que las empresas prefieran jurisdicciones como Irlanda o Luxemburgo para establecerse, en lugar de infiernos tributarios como Francia, el gravar la economía digital no parecería ser la solución.
La cuestión se complica aún más cuando se entrometen organismos como la nefasta OCDE, con impuestos corporativos mundiales.
Sumado a ello, hace unos años la ex canciller alemana Angela Merkel había propuesto, durante el foro internacional Global Solutions realizado en Berlín, cobrar un impuesto adicional a la «venta de datos en internet», el cual no nos sorprendería que se aprobase en un futuro no muy lejano.
Impuesto a las criptomonedas
Los problemas que enfrenta el fisco no han variado mucho desde 2020, e incluso se han complicado desde las apariciones de nuevos tipos de criptomonedas -como los NFT- y su volatilidad, el aumento de los robos, la aparición del metaverso, entre otras.
Si bien en 2020 los estados a la hora de gravar estos activos enfrentaban, entre otros, el desafío de decidir el estatus de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, ahora deben definir el estatus de un NFT que representa un dibujo pixelado que vale millones y por qué es diferente a un fan token. Sumado a ello, la alta volatilidad para definir las bases imponibles.
En respuesta a ello algunos Estados entienden que los criptoactivos integran el patrimonio como cualquier otro activo y deben tributar por default, mientras que países como la Argentina mencionan expresamente a las criptomonedas en su impuesto a las ganancias.
Sin duda un caso excepcional es el de El Salvador, que optó por legalizar el Bitcoin como moneda legal.
Otros países avanzan con otros impuestos relacionados, como por ejemplo el impuesto sobre la minería de criptomonedas, impuestos en el metaverso, etc.
Impuesto a los robots
Por suerte, no hubo muchos avances en este tema, de manera que los sueños húmedos de Bill Gates van a tener que seguir esperando.
Vemos con preocupación cómo los países buscan gravar actividades económicas que ya se encuentran alcanzadas por otros impuestos (como el impuesto a las ganancias o al patrimonio en los países que existe) por el simple hecho de que ciertas transacciones se producen necesariamente en la web o de manera digital.
Esto termina no solo agregando carga fiscal sin sentido, sino también perjudicando al consumidor.
La innovación tecnológica debe promoverse, y no castigarse con impuestos.
Países que premian y brindan seguridad jurídica a dichas industrias, como por ejemplo Uruguay, poseen regímenes de promoción de software que brindan incentivos tributarios, o países como Portugal, que otorgan exenciones tributarias a las ganancias derivadas de criptos con el fin de atraer inversiones.
*Por Martín Litwak, CEO de Untitled SLC
