En el sistema jubilatorio hay menos aportantes asalariados que diez años atrás.

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El número de quienes contribuyen creció, en el mediano plazo, en grupos como el de los monotributistas, que pagan montos considerados bajos; mientras tanto, la cantidad de jubilaciones sube por las moratorias; qué luces de alerta se prenden


Silvia Stang

LA NACION

El número de asalariados que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es hoy menor al de una década atrás. Mientras que en 2011 la cifra promedio mensual era de 6,83 millones, en el primer trimestre de este año ese valor fue de 6,69 millones, según los datos consignados en el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, que se basan en las declaraciones juradas presentadas por los empleadores a la AFIP.

Además de mostrar los efectos de la crisis de la actividad y de la falta de inversiones, el dato es un indicador de alerta para el régimen jubilatorio. En el mismo período, la cantidad de beneficios pagados avanzó un 17,6%, en gran medida por los que se otorgaron vía moratorias. Mientras que en 2011 había 5,75 millones de prestaciones, de las cuales el 44% incluía moratoria, en los primeros meses de este año el número llegó a 6,76 millones y el 52,5% tuvo planes de pago por aportes faltantes.

En el último año, en rigor, y por primera vez al menos en la última década y media, hubo una caída del número de jubilaciones y pensiones pagadas mensualmente por el sistema, algo atribuible a las demoras de la Anses en tramitar y dar las altas. A inicios de este año había 101.000 beneficios menos que en 2019. Ese es uno de los hechos que le permitió al gobierno de Alberto Fernández hacer un ajuste del gasto previsional.

En los últimos 15 años, el número de jubilaciones y pensiones se duplicó, principalmente por efecto de las moratorias. Pasó de 3,16 millones en 2005 a 6,76 millones en el primer trimestre de 2021.

Y el número total de aportantes avanzó en el período un 46,5%, al pasar de 6,47 millones a 9,48 millones. Estas cifras incluyen a quienes hicieron sus contribuciones en esos años y también a quienes entraron en las moratorias y declararon deudas por aportes devengados en aquellas fechas (los que efectivamente aportaron en 2005 fueron menos que el total consignado, porque algunos pagaron luego, en la moratoria).

Más allá de esa aclaración, los datos muestran que en los segmentos en los que más creció la cantidad de aportantes es en el de quienes pagan aportes considerados subsidiados y solo podrán acceder al haber mínimo: los monotributistas y las personas incluidas en el régimen de trabajo en casas particulares.

En el grupo de asalariados, el promedio mensual de aportantes aumentó 30,95% entre 2005 y el primer trimestre de este año, período en el que el número de beneficios pagados por el sistema creció un 113%. Si bien las prestaciones no se financian solo con aportes y contribuciones laborales, sino también con ingresos tributarios (por ejemplo, con lo recaudado por el impuesto al cheque, con parte del IVA y con parte del componente impositivo de la cuota mensual del monotributo) lo cierto es que antes de hacer ingresar al sistema contributivo a quienes no tenían aportes –o los tenían pero en cantidad insuficiente–, no hubo cálculos de costos ni se previeron medidas para financiar los mayores compromisos asumidos por el Estado.

La distancia entre la evolución de las cantidades de aportantes y beneficiarios es un indicador de una realidad: el mecanismo de las moratorias le permitió acceder a un cobro mensual a millones de adultos mayores, pero sin que se produjera a la vez una mejora en el cuadro social y laboral que había conducido a la exclusión previsional de muchas de esas personas (no de todas, porque en el inicio de las moratorias, la inclusión se hizo de manera indiscriminada, y solo después se pusieron barreras en función de la situación laboral y socioeconómica).

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El número de asalariados que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es hoy menor al de una década atrás. Mientras que en 2011 la cifra promedio mensual era de 6,83 millones, en el primer trimestre de este año ese valor fue de 6,69 millones, según los datos consignados en el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, que se basan en las declaraciones juradas presentadas por los empleadores a la AFIP.

Además de mostrar los efectos de la crisis de la actividad y de la falta de inversiones, el dato es un indicador de alerta para el régimen jubilatorio. En el mismo período, la cantidad de beneficios pagados avanzó un 17,6%, en gran medida por los que se otorgaron vía moratorias. Mientras que en 2011 había 5,75 millones de prestaciones, de las cuales el 44% incluía moratoria, en los primeros meses de este año el número llegó a 6,76 millones y el 52,5% tuvo planes de pago por aportes faltantes.

En el último año, en rigor, y por primera vez al menos en la última década y media, hubo una caída del número de jubilaciones y pensiones pagadas mensualmente por el sistema, algo atribuible a las demoras de la Anses en tramitar y dar las altas. A inicios de este año había 101.000 beneficios menos que en 2019. Ese es uno de los hechos que le permitió al gobierno de Alberto Fernández hacer un ajuste del gasto previsional.

En los últimos 15 años, el número de jubilaciones y pensiones se duplicó, principalmente por efecto de las moratorias. Pasó de 3,16 millones en 2005 a 6,76 millones en el primer trimestre de 2021.

Y el número total de aportantes avanzó en el período un 46,5%, al pasar de 6,47 millones a 9,48 millones. Estas cifras incluyen a quienes hicieron sus contribuciones en esos años y también a quienes entraron en las moratorias y declararon deudas por aportes devengados en aquellas fechas (los que efectivamente aportaron en 2005 fueron menos que el total consignado, porque algunos pagaron luego, en la moratoria).

Más allá de esa aclaración, los datos muestran que en los segmentos en los que más creció la cantidad de aportantes es en el de quienes pagan aportes considerados subsidiados y solo podrán acceder al haber mínimo: los monotributistas y las personas incluidas en el régimen de trabajo en casas particulares.

En el grupo de asalariados, el promedio mensual de aportantes aumentó 30,95% entre 2005 y el primer trimestre de este año, período en el que el número de beneficios pagados por el sistema creció un 113%. Si bien las prestaciones no se financian solo con aportes y contribuciones laborales, sino también con ingresos tributarios (por ejemplo, con lo recaudado por el impuesto al cheque, con parte del IVA y con parte del componente impositivo de la cuota mensual del monotributo) lo cierto es que antes de hacer ingresar al sistema contributivo a quienes no tenían aportes –o los tenían pero en cantidad insuficiente–, no hubo cálculos de costos ni se previeron medidas para financiar los mayores compromisos asumidos por el Estado.

La distancia entre la evolución de las cantidades de aportantes y beneficiarios es un indicador de una realidad: el mecanismo de las moratorias le permitió acceder a un cobro mensual a millones de adultos mayores, pero sin que se produjera a la vez una mejora en el cuadro social y laboral que había conducido a la exclusión previsional de muchas de esas personas (no de todas, porque en el inicio de las moratorias, la inclusión se hizo de manera indiscriminada, y solo después se pusieron barreras en función de la situación laboral y socioeconómica).

La informalidad laboral, lejos de ser un tema del pasado, afecta hoy a más de la mitad de los trabajadores en la Argentina. Y en la falta de creación de empleos formales está el verdadero problema, del que se deriva la imposibilidad, para muchas personas, de acceder a un sistema jubilatorio que exige, sin reglas flexibles, contar con 30 años de aportes. Así, mientras que hoy el 53% de las prestaciones que paga la Anses requirió de una moratoria (el 65%, si se consideran solo las jubilaciones, sin las pensiones), la cuestión de fondo sigue sin resolverse.

Sobre la base de analizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del cuarto trimestre de 2020, un informe de la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella concluye que el 51,8% de los ocupados está en la informalidad. De ese total, estimado en 8,6 millones de trabajadores si los resultados de la encuesta se extrapolan a todo el país, la mitad trabaja por cuenta propia y el 45% es asalariado, en tanto que el resto son empleadores o trabajadores familiares sin salario.

En el cuentapropismo es donde se dan las tasas más altas de falta de aportes, un hecho asociado a la pobreza y a una economía de subsistencia. Y es, además, un segmento del mundo laboral sobre el cual giran fuertes desafíos en materia previsional; entre otras causas, porque se considera que quienes sí están aportando pagan montos bajos en relación con los compromisos que asume a cambio el sistema.

A diferencia de lo que ocurre entre los asalariados, en el grupo de monotributistas sí hubo un incremento de aportantes en el mediano plazo: mientras que en 2011 eran 1,43 millones, este año son unos 1,99 millones, casi 40% más. Para ellos, la promesa del sistema en el futuro es la jubilación mínima. Cuando empezó este régimen, en 1998, el aporte, de $33 para todas las categorías por igual, equivalía al 22% de la prestación prometida. Desde 2017, en cada categoría del monotributo se paga un monto que es un 10% más alto que el del escalón inmediato inferior; por ejemplo, en la A se abona $1008,72 y en la B, $1109,59.

Las cifras actuales representan mucho menos que antes si se las mide como porcentaje del haber mínimo: entre 4,4% y 11,3%. En el caso del régimen de trabajo en casas particulares, donde también creció el número de aportantes en el mediano plazo (aunque cayó en los últimos tiempos), lo que se paga para el régimen jubilatorio, $117,68, es el 0,5% de un haber mínimo.

En un trabajo publicado por la OIT en 2018, los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo señalan que en 2017 el 20% de los aportantes al SIPA era monotributista (hoy ese índice es similar), y califican la cotización realizada en este sistema como “subsidiada”, por la relación entre su monto y el de la prestación prometida (que, dicho sea de paso, es la misma que para muchos contribuyentes del régimen de autónomos, con aportes más elevados y sin otras coberturas, como las del cobro por hijo, que sí tiene el monotributo). Analizar las implicancias de esa situación es parte de los desafíos pendientes.

Por fuera del sistema contributivo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), del 80% del haber mínimo, rige para quienes no reúnen los 30 años de aportes. Una cuestión debatible es que no se contemplan pagos proporcionales para quienes tienen contribuciones pero no llegan a las tres décadas, algo frecuente en un país con una fuerte problemática en materia laboral.

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